Una decisión judicial ha orillado a Nu Studios a retirar una demanda impuesta sobre más de 23 mil usuarios de BitTorrent por descargar la película The Expendables. El caso tomó prominencia en mayo de este año, cuando los productores de este filme llevaron a los tribunales al número más grande de personas por violación de propiedad intelectual. A través del Grupo por el Copyright en Estados Unidos, la industria ha demandado sistemáticamente a miles de personas por bajar contenidos protegidos. De hecho, si tan sólo contabilizamos a los usuarios de BitTorrent, tendremos más de 200 mil litigios entablados por este concepto.
El retiro de NuStudios se dio después de que el juez Robert Wilkins determinara que únicamente podían demandar a aquellas personas acusadas que vivieran en el Distrito de Columbia. En decir, el estudio quedó inhabilitado para citar a individuos cuya IP perteneciera a otros lugares. Tras esta decisión, cerca de 99% de los usuarios quedaron libres de los cargos, pero la productora decidió arremeter contra el uno por ciento restante. Al final, NuStudios desistió de su persecución por el alto costo, sentando un precedente importante.
Las demandas colectivas se han convertido en un nuevo mecanismo de monetización para los defensores del copyright. El modus operandi es que toman una serie de direcciones IP cuya actividad registre alguna descarga ilegal; contactan al proveedor de servicios de Internet, quien hace llegar el citatorio a sus clientes. En estas cartas, la industria expone su acusación, ofreciéndole al usuario la posibilidad de zanjar el conflicto sin ir a los tribunales, a cambio de una pequeña multa. Este monto asciende, en promedio, a 2.500 USD, lo cuales son pagados por temor a un juicio costoso.
Con esta decisión, NuStudios ve esfumarse una buena cantidad de dinero. Considerando el promedio de la multa, habría obtenido 57.5 millones de dólares —una cifra nada despreciable si consideramos que la cinta costó 82 millones—. La decisión legal es importante porque permite que en futuros casos, los jueces puedan determinar que la acción de la demanda esté restringida a una locación específica. En Estados Unidos, las jurisprudencias —antecedentes de decisiones judiciales en casos similares— tienen muchísimo peso para casos posteriores.
Este revés se suma a un concierto de cuestionamientos sobre la aplicación de las demandas por concepto de copyright y los mecanismos para “detectar” estas infracciones. Recientemente, el caso de una acusación a un ciego por descargar una película porno sirvió para ilustrar cómo la industria continúa confundiendo a las personas con direcciones IP. Mientras esta asociación errónea persista, los defensores del copyright tendrán pretextos para continuar con su persecución.
Esta decisión es significativa porque implica un triunfo dentro de su propio campo de juego. La restricción geográfica de la demanda obedece a que la dirección IP esté situada en determinado distrito. Por supuesto, este fallo también considera que el usuario es equivalente a su IP —o por lo menos, a su ubicación física—, pero esta vez, la resolución juega en contra de la industria. Habrá que esperar a ver con qué otra triquiñuela nos salen con tal de exprimirle más dinero a los usuarios que descargan y comparten (¡ojo, no roban!) contenido.
Fuente:http://alt1040.com/2011/08/demanda-bittorrent
El retiro de NuStudios se dio después de que el juez Robert Wilkins determinara que únicamente podían demandar a aquellas personas acusadas que vivieran en el Distrito de Columbia. En decir, el estudio quedó inhabilitado para citar a individuos cuya IP perteneciera a otros lugares. Tras esta decisión, cerca de 99% de los usuarios quedaron libres de los cargos, pero la productora decidió arremeter contra el uno por ciento restante. Al final, NuStudios desistió de su persecución por el alto costo, sentando un precedente importante.
Las demandas colectivas se han convertido en un nuevo mecanismo de monetización para los defensores del copyright. El modus operandi es que toman una serie de direcciones IP cuya actividad registre alguna descarga ilegal; contactan al proveedor de servicios de Internet, quien hace llegar el citatorio a sus clientes. En estas cartas, la industria expone su acusación, ofreciéndole al usuario la posibilidad de zanjar el conflicto sin ir a los tribunales, a cambio de una pequeña multa. Este monto asciende, en promedio, a 2.500 USD, lo cuales son pagados por temor a un juicio costoso.
Con esta decisión, NuStudios ve esfumarse una buena cantidad de dinero. Considerando el promedio de la multa, habría obtenido 57.5 millones de dólares —una cifra nada despreciable si consideramos que la cinta costó 82 millones—. La decisión legal es importante porque permite que en futuros casos, los jueces puedan determinar que la acción de la demanda esté restringida a una locación específica. En Estados Unidos, las jurisprudencias —antecedentes de decisiones judiciales en casos similares— tienen muchísimo peso para casos posteriores.
Este revés se suma a un concierto de cuestionamientos sobre la aplicación de las demandas por concepto de copyright y los mecanismos para “detectar” estas infracciones. Recientemente, el caso de una acusación a un ciego por descargar una película porno sirvió para ilustrar cómo la industria continúa confundiendo a las personas con direcciones IP. Mientras esta asociación errónea persista, los defensores del copyright tendrán pretextos para continuar con su persecución.
Esta decisión es significativa porque implica un triunfo dentro de su propio campo de juego. La restricción geográfica de la demanda obedece a que la dirección IP esté situada en determinado distrito. Por supuesto, este fallo también considera que el usuario es equivalente a su IP —o por lo menos, a su ubicación física—, pero esta vez, la resolución juega en contra de la industria. Habrá que esperar a ver con qué otra triquiñuela nos salen con tal de exprimirle más dinero a los usuarios que descargan y comparten (¡ojo, no roban!) contenido.
Fuente:http://alt1040.com/2011/08/demanda-bittorrent
